Según informan las cámaras del sector inmobiliario, la crisis en la oferta y precios de los  alquileres tiende a agravarse de forma exponencial. La oferta de inmuebles se ha acotado al borde de la inexistencia. 

Por otra parte, los precios para la venta, sin perjuicio de la baja sufrida durante algunos meses del corriente año, continúan resultando inalcanzables para un trabajador.

La falta de créditos hipotecarios blandos, los inmuebles destinados a convertirse en desarrollos inmobiliarios en las grandes ciudades, la degradación del valor de la moneda nacional y el atractivo de fijar alquileres en dólares, destinados al turismo o cubrir la depreciación monetaria, parecen confluir en la problemática. 

La oferta en la CABA ha disminuido de 5.000 unidades de promedio, a la escasa cifra de 1.000, provocando un alza en el precio: los inquilinos deberán afrontar un aumento del 100% en los próximos meses.

La ley 27.551 provocó un severo daño en el sector: desalentó la oferta, enfrentó a locadores y locatarios y desde ya contribuyó al inusitado aumento de precios.  

Para inicios de julio del 2023, comenzarán a finalizar aquellos contratos suscriptos bajo el régimen de la nueva ley. El panorama se muestra más que desalentador. No existe aún consenso en cuanto a la tan necesaria reforma legislativa en la materia y más aún, cualquier modificación podría verse asediada por un índice inflacionario interanual que supera el 100% y no prevé morigeración alguna. Se espera un aumento promedio que ronde el 126%, superior ya a la inflación interanual.

Sin un marco legal y económico que brinde las certezas necesarias será imposible solucionar el conflicto. Ninguna ley podrá ser aplicable en la materia producto de la volatilidad del sector financiero.