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El «aviso» de pago voluntario de la fotomulta no tiene efectos jurídicos

Por Agustín Arechavala.

Recordamos el fallo de segunda instancia en autos “Brown, Diego Ernesto c. Provincia de Buenos Aires s. Habeas Data”, donde se ordenó suprimir los datos de deuda por infracciones y donde el Tribunal estableció que el “aviso de pago voluntario” no tiene efectos jurídicos.

En una singular acción de “Habeas Data”, que llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, el tribunal estableció que tanto el acta de comprobación como la “carta de aviso de pago voluntario” no cuentan con efecto jurídico. 

En la causa, el actor cuestiona que la Administración Pública haya informado al Registro Único de Infracciones falsamente, según entendía este, sobre la existencia de una deuda cuando todavía no era tal, debido a que considero que previamente, es necesario que se sustanciara el procedimiento de faltas que culminara con el dictado de una sentencia firme, único medio válido para que aquellas sanciones en expectativa se transformaran en verdaderas deudas.

Ante esto, el Tribunal corroboró que únicamente se cursó al domicilio del actor la notificación de las actas de comprobación, pero no a los fines de que ejerciera su respectivo descargo, sino al sólo efecto de invitarlo a reconocer la comisión de la falta enrostrar y para que efectuara el pago voluntario de la multa.

Ocurre que, habitualmente la administración aplica esta maniobra al solo efecto recaudatorio, ya que ofrece reducción significativa de la multa, la cual abonada se equipararía a un allanamiento del presunto infractor, en otra palabras un reconocimiento tácito de la falta que se le atribuye y conclusión del procedimiento. 

Sin embargo, superado el plazo para la cancelación voluntaria de la multa reclamada sin que se efectuara dicho pago, el reconocimiento tácito no es tal. 

Si esto sucede de esta forma, nace la obligación estatal de emplazar al presunto infractor -inmediatamente- a fin de que presente el descargo que estime corresponder y ofrezca la prueba de su derecho, procurando el respeto de los principios elementales de todo procedimiento sancionatorio. 

Para el Tribunal “el modus operandi de la Administración Pública ha infringido, pues, claramente, la exigencia del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa del actor”.

Por ello, podemos concluir en que, la “invitación al pago voluntario” no genera efectos jurídicos alguno, salvo por el pago del presunto infractor. 

Caso contrario, y si bien la multa podría ser de conocimiento del presunto infractor, ello no tendría efectos jurídicos, y este podría en cualquier momento presentar su descargo y ofrecer pruebas.

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