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La Cámara de Diputados estudia un proyecto de ley que busca proteger a los testigos que declaren contra su empleador en juicio

Por Facundo Manuel Alvez.

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra estudiando un proyecto de ley que se titula “Presunción de despidos de testigos ofrecidos por las partes en juicios laborales”, elaborado por diputados del frente Unión por la Patria, por el cual los empleados que sean despedidos dentro del año posterior a su declaración como testigo de sus compañeros de trabajo, en reclamos contra su empleador que aborden cuestiones de violencia laboral, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un año de salarios, que se acumulará con las demás indemnizaciones aplicables (por ej.: art. 245 LCT) o accionar por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación.


En el proyecto en comentario, el articulo 1 comienza señalando “Se presume, salvo prueba en contrario…”, que el despido de los testigos que declaren en juicios de índole laboral y se encontrasen prestando servicios para la empresa demandada, obedece a motivos de “represalia”, cuando el despido fuese dispuesto dentro del año posterior a su declaración ante el juzgado o tribunal interviniente.
Así, en caso de que el empleador opte por el despido del trabajador, corresponderá a este demostrar que el despido se debió a causas objetivas, que nada tienen que ver con la participación del trabajador como testigo en el proceso.


Además, en caso de querer el empleador ejercer su potestad disciplinaria frente al trabajador investido de tal protección, este debe agotar, con carácter previo a la adopción de dicha medida, un procedimiento sumarísimo ante el juez o tribunal competente, y obtener de ese órgano, un pronunciamiento favorable.
Entre los fundamentos del citado proyecto, se señala que el mismo persigue proteger al trabajador que declara contra la empresa y asume el riesgo de sufrir una represalia, o declara a favor de la empresa, aun cuando ello importe faltar a la verdad, pero bajo promesa de mantenimiento de las condiciones de su empleo, o del empleo mismo.


En esa inteligencia, en caso de darse alguna suerte de represalia contra el trabajador, la ley permite a este optar por accionar por la nulidad del despido y la consecuente reincorporación a su puesto de trabajo, o perseguir la indemnización tarifada que establece la norma, aceptando la eficacia extintiva del despido.
Similar solución, otorga la ley 23.551, respecto de la tutela sindical diseñada en el art. 52 de dicho cuerpo legal, la cual estipula un sistema de protección de la estabilidad en el empleo y condiciones de trabajo a las personas que ocupan cargos de representación sindical y, asimismo, de quienes se postulan para el ejercicio de cargos de esa índole.


Así, en caso de alcanzar su sanción el mentado proyecto, sin dudas traerá un importante impacto en el mercado laboral y en el nivel de litigiosidad.

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