Por Victoria Sauné
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un organismo descentralizado que funciona dentro de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y la promoción del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La ANDIS se encuentra facultada para certificar la existencia de la discapacidad de una persona, su naturaleza y su grado y el certificado que expide se denomina Certificado Único de Discapacidad (CUD), dicho certificado se emite en todo el territorio nacional y se solicita de forma voluntaria y gratuita.
Ante la necesidad de generar un dinamismo eficaz en su tramitación y en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la cual cuenta con jerarquía constitucional en nuestro país se creó el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad” con la finalidad de mejorar y hacer más eficaz, rápida y progresiva la tramitación del CUD.
Recientemente y a través de la Resolución 322/2023 publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS estableció que el Certificado Único de Discapacidad no estará sujeto a un plazo temporal y mantendrá plena vigencia y validez mientras se mantengan los criterios certificantes, tanto en su versión física como en su versión digital.
El Estado deberá mantener actualizada la información relativa las circunstancias que dieron lugar a la expedición del Certificado y los datos personales de las personas que cuentan con dichos Certificados, creándose a los efectos una plataforma tecnológica que simplifique los trámites de vinculación de las personas con discapacidad con el Estado tanto Nacional como Provincial y Municipal.
De esta forma se cumple, en cierto modo, con los reclamos realizados por las personas con discapacidad y sus familias, ante la carga burocrática que implicaba la tramitación del Certificado. El nuevo proceso de certificación requerirá varias instancias de acompañamiento con una periodicidad de entre los 5 y 15 años para mantener actualizados los registros.
