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Con la entrada en vigencia del DNU 70/23, ya no rige la Ley de Alquileres

Por Agustín Arechavala.

Habiendo entrado en vigencia el DNU de Desregulación Económica, ha dejado de regir la ley de alquileres, y se espera mayor oferta por la libertad de contratación de las partes.

A partir de este viernes 29 de diciembre de 2023, luego del plazo de 8 días hábiles y mientras el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 no sea tratado por la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, entró en vigencia y produce importantes modificaciones al régimen de los alquileres. 

A partir de hoy, las partes serán libres de pactar un plazo, y ante caso de omisión del mismo se tendrá pactado por dos años como establece el Código Civil y Comercial, a diferencia del plazo establecido por la ley derogada de tres años para las locaciones habitacionales.

Uno de los cambios más importantes y que estimularía la oferta de locaciones es la libertad para establecer el ajuste del canon locativo, pudiendo los contratantes elegir el índice o variable de ajuste que consideren más conveniente para su relación y sin límite alguno a la periodicidad de los mismos.

Otro cambio significativo será la posibilidad de pactar el pago en pesos o bien en moneda extranjera, lo que anteriormente se había legislado prohibiendo el alquiler en moneda extranjera. De la mano con ello, deja de ser obligatoria la registración del contrato ante la AFIP, otro de los ítems que habían afectado a la oferta de alquileres.

En término de garantías, depósitos y afianzamientos se regirán por usos y costumbres, pudiendo utilizarse seguros o fiadores, pero manteniéndose la posibilidad de optar por otras garantías. 

Finalmente, en el caso de que el inquilino decidiera la rescisión del contrato o el locador lo hiciera con causa en un incumplimiento del primero, éste deberá abonar el 10% del saldo del canon locativo futuro, mientras que si, el locador diera fin, sin causa, la penalidad será la establecida por las partes.

Con la derogación de la ley de alquileres se espera una mayor oferta de locaciones y una reducción del valor de los mismos, ello en razón de las mayores libertades de contratación y el fortalecimiento de la autonomía de la voluntad de las partes. 

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