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La CSJN determina quién debe investigar la trata de personas en el ámbito rural

Por Agustín Arechavala.

En un caso de vulnerabilidad y posible comisión de delitos contra la libertad individual la CSJN determino quien debe investigar la presunta trata de personas en el ámbito rural.

En un incidente de competencia, los magistrados del máximo tribunal Dres. Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti determinaron que resulta competente la justicia local para entender e investigar la denuncia realizada por un inspector del Registro Nacional de Trabajadores Rurales.

Como antecedente del caso, el Inspector referenciado había denunciado que dos trabajadores rurales (padre e hijo) residían desde hace varios años en un campo de la Provincia de Buenos Aires, en condiciones habitacionales paupérrimas, sin percibir ninguna remuneración por parte de quien sería el dueño del establecimiento productivo. 

Tanto para la fiscalía como para el magistrado federal el hecho investigado excedería de una mera irregularidad laboral, constituirá el delito del artículo 140 del Código Penal, por lo que se declinó su competencia a favor de la justicia provincial.

En opinión de la Procuración de la Nación resultaba un posible aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima y de la confianza que ésta habría mantenido ante la promesa del propietario del campo de mejorar sus condiciones económicas y no surgieron otras circunstancias que permitieran vislumbrar la concurrencia de los supuestos a los que se refiere la ley 26.364 (cf. texto de la ley 26.842).

En sintonía con esta opinión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que corresponde profundizar la investigación, encomendando al juzgado local proseguir la pesquisa, sin perjuicio de cuanto resulte con posterioridad.

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