El aumento de la violencia entre bandas narco en Rosario ha puesto al tema en agenda del Gobierno Nacional, sin embargo es un flagelo de larga data y no se observa voluntad política de combatir el delito. ¿Cuál ha sido la activad de nuestros legisladores en 2022?

La situación que vive la ciudad de Rosario, con el recrudecimiento de la violencia narco, se ha colocado en la agenda mediática en una primera instancia y luego ha sido recogida por lo los sectores políticos, generando preocupación tanto en el oficialismo como en la oposición.

Si bien desde lo discursivo se ha asumido el problema, la realidad es que durante los últimos años no han existido medidas contra las organizaciones delictivas que se radicaron en la ciudad santafesina y que han tomado fuerza en los barrios.

El narcotráfico ha ganado terreno en los barrios vulnerables de Rosario, el conurbano bonaerense y otras grandes ciudades. La droga es un negocio millonario, generador de poder y alianzas, que alista a nuestros jóvenes en las filas de los “soldaditos” y que ha colocado al narco como arquetipo del asenso social y el bienestar económico.

Los gobiernos nacionales y provinciales han cedido terreno, y las bandas lo han tomado, asumiendo el rol de estado en materia de seguridad y provisión de servicios en los barrios.

Ante este panorama, desalentador desde el rol de los poderes ejecutivos, nos proponemos analizar la actividad de nuestros representantes en el Congreso Nacional durante el 2022.

Alertamos al lector, que ha sido el año de peor performance en materia de la legislativa, donde tan solo se han sancionado 36 leyes entre ambas cámaras, y los debates que se han dado no responden a la agenda de la sociedad, perdiendo estado parlamentario importantes proyectos.

El senado trabaja la creación del SUINAR y otros organismos.

Bajo el pomposo nombre “sistema unificado de Información sobre narcotráfico y delitos conexos” el Senador Mario Fiad proyecto la creación de la plataforma «SUINAR» como un sistema dinámico e integral de información veraz de convergencia multiagencial y multisectorial.

El Registro se nutriría de información de bases de datos primarias como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría en Narcocriminalidad, Agencia Federal de Inteligencia y las fuerzas de seguridad. Por otro lado, tomaría como fuentes secundarias a organizaciones de la sociedad civil y ONG que recaben información sobre narcotráfico.

El proyecto resulta pobre en cuanto a las atribuciones del nuevo organismo, por cuanto SUINAR no tendría la facultad de llevar a cabo investigaciones de ningún tipo, y su función principal seria la publicidad de la información, la presentación de informes y estadísticas.

Del mismo autor, y sobre la temática existe otro proyecto titulado “ley integral de prevención y control de narcotráfico” con la finalidad de declarar de interés público la prevención y control del tráfico ilícito de estupefacientes en todo el territorio de la Nación Argentina.

Destaca de esta propuesta el objetivo de desarrollar acciones eficaces para la prevención y control del narcotráfico, la promoción de las estrategias coordinadas y concertadas y el mayor control de del tráfico aéreo y fluvial.

Son principios del proyecto el refuerzo del control de las fronteras mediante las acciones previstas, la profesionalización y modernización de las Fuerzas Federales y en caso de convertirse en ley se concretaría la creación de los siguientes organismos:

• Sistema Integral de Vigilancia y Control Aeroespacial cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera.
• Sistema Integral de Vigilancia y Control de Aguas Jurisdiccionales Y Vías Navegables cuya función es garantizar la inviolabilidad de la frontera a través de la navegación fluvial y lacustre.
• Sistema nacional de denuncias anónimas sobre delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes.

Ambos proyectos fueron presentados hace un año y  se encuentra en estudio de las comisiones de de presupuesto y hacienda, de infraestructura, vivienda y transporte y de seguridad interior y narcotráfico.

Declaraciones de buenas intensiones en Diputados.

En la cámara baja destacan los proyectos de la oposición, presentados por Carolina Losada y Cristian Ritondo para Declarar Emergencia en Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe por el plazo de un año renovable.

Se proyecta requerir, por medio de esta declaración, al Ejecutivo Nacional, el Estado Provincial y la Justicia Federal una coordinación urgente para desarrollar políticas efectivas en seguridad, la reasignación de partidas presupuestarias y el incremento de la presencia de fuerzas de seguridad y de los controles.

De contar con los apoyos necesarios, esta ley podría constituir una Comisión de Emergencia en Seguridad, crear un Comité de Crisis, y radicar en la ciudad de Rosario una delegación de la UIF (unidad de investigación financiera) y de la dirección nacional de inteligencia criminal.

El proyecto en diputados, se encuentra desde agosto del año pasado a estudio de las comisiones de seguridad interior y narcotráfico, de justicia y asuntos penales y de presupuesto y hacienda.

Otros proyectos refieren a pedidos de informes varios sobre equipos de escáner, falta de radares, robos de aeronaves, estadísticas del Sedronar y del Ministerio de Justicia.

¿Qué podemos esperar?

Hasta ahora la política se ha mostrado alejada de los problemas sociales y económicos que afectan a la población, mientras que discute su propia agenda.

La falta de consensos en un año electoral, no hace suponer que, algunos de estos proyectos puedan convertirse rápidamente en una ley.

Por otro lado, la respuesta del Poder Ejecutivo a la escalada de violencia que sufre Rosario es la reedición de medidas adoptadas en el pasado con el envió de un número mayor de efectivos de fuerzas federales, mientras que el problema no se resuelve desde su raíz.

La solución no está en pedidos de informes que nunca se responden, ni en proyectos de títulos pomposos cuya posibilidad de llevarlos a la práctica es prácticamente nula para el contexto en el que se encuentra el país.

La estrategia en el combate contra el narcotráfico debe ser integral, con la participación público-privada del estado en sus diferentes niveles, los poderes legislativos y los organismos descentralizados.

El rol de las fuerzas de seguridad en el control, y del Ministerio Público Fiscal y de la justicia en la persecución del delito debe apuntalarse con una visión de prevención y mitigación que involucre a las diferentes aéreas desde la salud, educación, trabajo, economía y obras, deporte y turismo.