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La IGJ modifica requisitos relativos a la presentación de actas y acuerdos sociales

Por Facundo Manuel Alvez (Departamento de Derecho Corporativo).

La Inspección General de Justicia ha sacado una regulación que desburocratiza nuevamente la inscripción de trámites en el organismo, en esta ocasión, mediante Resolución 03/24 la IGJ procede a eliminar como requisito la transcripción “integral” de los documentos, que fuera dispuesta en su momento por la Resolución General IGJ Nº 49/2020.

Así, por ejemplo, una sociedad que pretendiera inscribir una renovación de las autoridades de su órgano de administración, no solo debería transcribir ese punto específico del acta de asamblea, sino también, todo lo tratado, aunque nada tuviera que ver con el acto que se pretendiese inscribir.

A partir de la entrada en vigencia de la Res. IGJ 03/24, los documentos descritos en el art. 37 incs. 1, 2 y 5 de la Resolución 07/15 de la IGJ, se deberán únicamente transcribir las partes pertinentes relativas al acto correspondiente a la inscripción requerida, con determinados contenidos mínimos, tales como:

“…a) el encabezado —lugar, fecha, carácter de la asamblea, reunión o acuerdo y en su caso, el quórum reunido o consignar si se trata de una asamblea o reunión unánime— b) la designación de los asociados, socios, o accionistas que suscriben el acta, con nombre y apellido c) los puntos del orden del día que resuelvan aquellos actos cuya registración se solicite, d) la decisión o resolución tomada por el órgano respecto de ese punto con expresión completa y detallada de la misma; e) las mayorías por las cuales la decisión o resolución fue tomada; y f) el cierre final con indicación de las firmas obrantes al pie…”

La resolución en comentario, invoca varios argumentos a la hora de defender esta desregulación. Así, en los considerando de la nueva resolución se expone que, las normas contenidas en la Resolución General IGJ Nº 49/2020, excedían las funciones registrales asignadas por la ley al organismo, al imponer discrecionalmente dar al conocimiento público deliberaciones, contenidos y decisiones obrantes en instrumentos y registros societarios respecto de los cuales la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, no impone publicidad alguna ni exige su registración —por estar excluidas del régimen de publicidad societaria—, tratándose de cuestiones que necesariamente deben quedar reservadas dentro del ámbito de privacidad de la propia persona jurídica en el cual fueron expuestos, sin que una digresión semántica entre publicidad formal y material habilite imponer su divulgación erga omnes.

Asimismo, las normas contenidas en la Res. IGJ Nº 49/2020, vulneraron la garantía de inviolabilidad de los papeles privados consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y, también contrariar disposiciones de la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, artículos del Código Civil, entre otros.

En conclusión, desde la asunción del Dr. Vítolo a cargo del organismo, se advierte una seria política de desregulación de la IGJ en materia societaria, quien parece que solo limitara su actuación al marco de sus funciones como autoridad registral.

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