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Intervención judicial y perspectiva de género

Por Facundo M. Alvez.

En autos “B., A. I. y otro c/R., A. de A. R. F. y sucesoras de L. I. B. Sociedad de hecho s/Medida precautoria”, el Juzgado Comercial Nro. 14 – Sec. Nro. 28, hizo lugar a la solicitud de dos hermanas A. y N. B., quienes interpusieron un recurso de reposición con apelación en subsidio, contra la resolución que desestimó su solicitud de intervención judicial de la sociedad demandada.

En su presentación, sostuvieron que eran integrantes de una sociedad, de la cual habían sido excluidas injustamente de la administración. Aludieron a que existía un peligro grave para el ente, el cual estaba evidenciado por el desconocimiento de la marcha de los negocios sociales y, la falta de transparencia de la administración ejercida por el socio supérstite, quien señalaron desviaba fondos sociales y sustraía mercaderías.

En su escrito de demanda, las pretensoras comentaron que la sociedad estaba inicialmente integrada solo por su padre, el cual había fallecido, y otro socio que, frente al fallecimiento de aquel, comenzó a llevar adelante maniobras a los efectos de incluirlas y marginarlas de los negocios de la sociedad, cercenando sus derechos de gestión e información. Al respecto, en las probanzas de la causa, se advertía que el socio denunciado suscribió cheques por importantes sumas y, que se habrían deshabilitado las cámaras de vigilancia del predio de la sociedad, con el objetivo de vulnerar el derecho de información de las pretensoras.

Las pretensoras mencionaron que, el peligro en la demora estaba dado por el desconocimiento en las gestiones que llevaba adelante el socio denunciado respecto al patrimonio social.

Al analizar la solicitud de las socias, el Juez tuvo explicó que, una cautelar societaria como lo es la intervención judicial, sólo procede cuando existe “un riesgo calificado como grave” y, la cual debe ser evaluada con prudencia y criterio restrictivo, en tanto importa la intromisión de un tercero ajeno a la sociedad.

Además, de las constancias de la causa, se advertía que las pretensoras poseían una participación representativa del 50% del capital social, regido por las normas de la Sección IV de la LGS. Asimismo, la sociedad era administrada conjuntamente por ambos socios, pero ante el fallecimiento del padre de las pretensoras, se acordó que “la administración de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo de A. R. F. y A. I. B. de forma indistinta”. En ese contexto, el Juzgado dejó dicho que: “aún en sociedades no regularmente constituidas, las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que rigen la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios”.

El Juez señaló que, en autos, se encontraba demostrado que las accionantes vieron cercenado su derecho a la información y fueron desplazadas de la administración (una como empleada y la otra como co administradora). En ese contexto, a pesar de que las pretensoras se encontraban con posibilidad de inmiscuirse en los negocios de la sociedad, estas habrían acreditado la imposibilidad de subsanar las irregularidades denunciadas mediante el ejercicio personal de su función.

Asimismo, el Juez de la causa prestó suma atención al contexto de violencia de género que vivenciaban las coactoras, ya que la Constitución Nacional y, el rol estatal impone a los magistrados – aun de oficio – que, los casos sometidos a su juzgamiento con perspectiva de género. En autos, las pretensoras manifestaron que, el socio denunciado habría despedido de su puesto a una de ellas, sin intención de indemnizar, mientras que a la restante le habría impedido acceder a la sede social, intimidándola para que no regrese.

En consecuencia, hallando el Juez acreditado el peligro grave para la sociedad y la verosimilitud en el derecho de las accionantes, admitió la intervención judicial en grado de veeduría, por ser esta la más “leve”.

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