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El Juzgado Civil y Comercial de Resistencia ordenó la revisión de un contrato financiero que aplicaba tasas excesivas

Por Facundo Manuel Alvez.

El Juzgado Civil y Comercial de la Quinta Nominación de Resistencia en la provincia del Chaco, en autos «L., D. A. C/ RAPICUOTAS Y/O FINANPRO S.R.L. S/ REAJUSTE DE CONTRATO” hizo lugar parcialmente a la demanda de un consumidor que solicitaba la nulidad de un contrato financiero por poseer – según su criterio – cláusulas abusivas.

El fallo en comentario, gira en torno a un usuario quien inicia demanda a una financiera “Rapicuotas”, la cual le había otorgado un crédito. En su escrito inicial, el usuario había planteado la nulidad de las cláusulas que fijaban, a su entender, tasas de intereses descomunales, reclamando, además, daño moral.

El actor señala que acudió a la financiera solicitando un crédito por $30.000, el cual le acabó generando una deuda por $70.000. Además, denuncia que, desde 2019 Rapicuotas no le informó nada respecto al monto actualizado ni la tasa de interés aplicable. Asimismo, el actor manifestó que se encontraba desempleado desde el año 2017, que vive de una pensión y, actualmente, trabaja de vendedor ambulante y posee una seria incapacidad que le afecta la audición.

Dada la situación, el actor se presentó ante Rapicuotas, en un ánimo de intentar sanear la situación, más sin darse cuenta, consintió abonar, ante el estudio jurídico al que fue derivado, una cuota que sobrepasa el monto de su pensión, a lo que se suman los intereses por el retraso.

Además, solicitó se condene al pago del daño moral ocasionado por la modificación disvaliosa del espíritu de la víctima partiendo de las circunstancias objetivas del caso concreto, no estableciendo suma alguna por tal concepto.

Por su parte, la firma Rapicuotas se presenta y señala que, ha desarrollado su actividad en forma regular, no ha infringido deber jurídico alguno ni ha ocasionado daño injustificado al actor. Señala además que, nadie se encuentra apartado de las condiciones económicas en las que se encuentra inmerso nuestro país, pero tampoco podría sostenerse el sistema financiero si cada una de las personas que toman créditos no los pagan aduciendo sufrir una situación de vulnerabilidad económica.

Para resolver la cuestión, la jueza de primera instancia reseñó que, los arts. 960 y 771 permitían al consumidor llevar adelante una revisión del contrato, y analizando la tasa nominal anual de referencia que cobraba por cada contrato una institución bancaria según el BCRA figuraban entre 41 y 43% para los contratos celebrados en el caso, mientras que la demandada había fijado una tasa entre 96 y 108% según el contrato, lo que evidenciaba la excesiva tasa que cobraba la financiera, pues era más del “doble” de lo que cobraba una entidad bancaria.

Ahora bien, la jueza de primera instancia al resolver dejó dicho que, si bien le correspondía al actor una “morigeración” respecto de los intereses excesivos, la cuestión referida al daño moral no podría prosperar pues:

“…ha quedado demostrado que el actor es un deudor moroso y que observa una conducta poco responsable como consumidor financiero, al obligarse a través de préstamos que superan sus posibilidades de pago…”

En atención a lo señalado, la jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente a lo solicitado por la actora e imponiendo costas a la parte vencida.

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