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El lavado de activos en la economía social

Por Agustín Arechavala.

Muchas empresas de la economía social aún presentan deficiencias en la implementación de una política interna de prevención de lavado de activos. La capacitación para la concientización debe ser un pilar interno.

Si bien el cumplimiento en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) por parte del sector de la Economía Social (Cooperativas y Mutuales) se  exige desde año 2011, aun hoy se encuentran casos de entidades donde su implementación es irregular y se detectan severas deficiencias en el control del cliente.

Con los recientes cambios propuestos por la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante los cuales nuestra normativa se adapta al estándar internacional de debida diligencia, se refuerza la necesidad de contar con un plan de capacitación y difusión periódico dentro de cada ente. 

El sistema no solo requiere de la capacitación de los actores vinculados a las cooperativas y mutuales, sino también de la concientización de todos ellos, para que cuenten con herramientas y conocimientos que puedan ser aplicados en el análisis y toma de decisiones para el correcto control de la entidad.

El personal operativo del Sujeto Obligado debe conocer los riesgos de la operatoria cotidiana para así detectar las situaciones y operaciones que por sus características puedan alertar sobre contingencias en PLA/FT.

Qué entidades están obligadas y sus principales defectos.

Se encuentran alcanzadas por la Ley 25.246, Art. 20, Inc. 23 las cooperativas y asociaciones mutuales reguladas por la Leyes 20.337 y 20.321 respectivamente, las cuales deberán ajustar su procedimiento interno a la Resolución UIF N° 99/2023 (Nuevas obligaciones para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con un enfoque basado en riesgo para el sector mutuales y cooperativas.)

En principio cada entidad alcanzada por la normativa, deberá inscribirse en la UIF contando así con un usuario y clave que le permitirá acceder al sistema de reportes del organismo. 

Dentro del funcionamiento interno, la entidad deberá designar un Oficial de Cumplimiento, prever auditorias periódicas, elaborar un manual de procedimiento interno, disponer de capacitaciones para el personal, la preparación de diferentes registros y análisis de riesgos, como así evaluar las inusualidades detectadas y reportar fundadamente aquellas que se consideren sospechosas.

En esta actividad es donde se presenta el primer déficit, dado que las organizaciones de la economía social no solo deben observar las peculiaridades de su sector, si no también establecer reglas dinámicas y adaptables a su operatoria, para la detección temprana de hechos y operaciones sospechosas.

Tres “tips” de cumplimiento para el Sector.

La primera medida debe ser una sincera y amplia autoevaluación de riesgos, mediante la cual la entidad considere todos los factores de riesgos determinados en la Resolución UIF 99/2023 (Clientes, Productos y/o Servicios comercializados, Canales de distribución y Zona Geográfica). De esta forma pueden establecer un plan de acción para las deficiencias y riesgos detectados.

La segmentación por niveles de riesgo (Alto, medio y bajos) puede ser de gran utilidad, ya que permitirá cumplir con la norma y dirigir eficientemente los recursos hacia los clientes y operaciones de mayor riesgo.

Por otro lado, la revisión y ajuste de los procesos internos es esencial. Cada entidad debe monitorear las transacciones, establecer el control de las operaciones y contar con alertas automatizadas para las inusualidades previstas por normativa UIF. 

Si esto se cumple, las entidades podrán dar observancia con los plazos de reporte, detallar el origen y destino de los fondos, etc.

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