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La legitimación activa de la defensoría de menores e incapaces

El Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un reciente fallo, le negó el derecho a una Defensoría de Menores e Incapaces a interponer un recurso de casación para recurrir el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba en una causa en la que se investigan hechos de violencia de género y abuso contra una menor de edad.

Como fundamento, el Tribunal Oran en lo Criminal sostuvo que la Defensoría de Menores e Incapaces no tiene la facultad legal para impugnar la resolución que otorgó la suspensión a prueba del proceso por el término de 3 años fijando diversas reglas de conducta a cumplir por el imputado, debido a que la Defensoría al asumir la representación de la menor no se constituyó como parte querellante y que ninguna norma procesal otorga la calidad de parte en el proceso a quien representa a una persona menor de edad.

Ante ello, el Defensor de menores interpuso recurso ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, la cual hizo lugar al recurso y dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba concedida, afirmando la legitimación activa de la defensoría y alegando que la intervención de la misma está regulada por las normas nacionales y debe ser interpretada en armonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual reconoce el derecho de los menores de edad a ser oídos.

La Ley nacional número 27.149 establece que los Defensores Públicos de Menores e Incapaces, en las instancias y fueros en los que actúan, tienen el deber y la atribución de ser parte necesaria, en el ámbito penal, en todo expediente que se forme respecto de una persona menor de edad, autor o víctima de delito, conforme las leyes pertinentes para su protección integral. Deben intervenir en todo acto procesal del cual pueda derivarse un beneficio o perjuicio para sus defendidos y estar presentes en cada ocasión en que estos fueren citados.

Por lo tanto, la ley es muy clara al darle el carácter de parte necesaria al Defensor, debiendo el mismo litigar activamente para que se efectivice el derecho a ser oído y para que las opiniones de los menores sean tenidas en cuenta e instar el agotamiento de las vías recursivas a fin de propender a la mejor solución jurídica para sus defendidos o asistidos. 

A su vez, la ley 26.061 expresa en su art. 27 que los Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten y asimismo  y entre otros derechos a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine y a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.

El Articulo 103 del Código Civil y Comercial regula la actuación del Ministerio Público respecto de personas menores de edad y sanciona con nulidad todo acto en el que no participe el Defensor de Menores. 

De esta forma, y teniendo en cuenta la normativa que se menciona en los párrafos anteriores, no puede considerarse como un requisito legal el hecho de constituirse como parte querellante para contar con el derecho a participar en un proceso donde el menor es víctima y a interponer recursos ante el Juez, de lo contrario se estaría frente a una violación al Principio de Legalidad por exigirse requisitos no contemplados en las normas de nuestro país.

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