PUBLICACIONES

NEWSLETTER

Proyecto de ley: Desburocratización del mercado automotor

Por Alejandro A. Golob. (Grispo Abogados. Departamento de Derecho Comercial).

Un nuevo proyecto de ley propone eliminar registros, VTV y grabado de autopartes. ¿Cómo impacta en el derecho comercial y del consumidor?

Dentro de las recientes propuestas normativas, ha tomado especial interés público el proyecto que propone la eliminación de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor  (RNPA), Verificación Técnica Vehicular (VTV) y grabado de autopartes.

La iniciativa se dirige a abaratar los costos ante la adquisición de un automóvil. Los beneficios se configurarán en tres aspectos: desburocratización del trámite, mayor velocidad y atractivo de venta de los vehículos y abaratamiento de costos para los consumidores.

Los registros zonales serían reemplazados por uno único, digital y de libre acceso. Mediante la utilización del mismo, se asociaría el dominio del vehículo al DNI o CUIT del adquirente y no al automóvil, como sucede actualmente. El costo de trámite bajaría del 6% del valor del rodado al 1.5%, claramente en claro beneficio de la actividad mercantil. El sistema de infracciones y procesos legales quedaría en cabeza de la persona física o jurídica y no sobre el bien en sí mismo.

La simplificación de trámites y su consiguiente abaratamiento impactaría de lleno sobre una industria, que se encuentra atravesando una crisis de insumos y sobreprecios que ha afectado a los consumidores severamente: Decrece la oferta, se demoran las entregas y los rodados usados alcanzan precios mayores a los 0km. La distorsión resulta absoluta.  

En cuanto a la VTV, tan criticada por los usuarios, dependiendo la cantidad de kilómetros del rodado a verificar, podría ser sustituida por un service oficial. Por su parte, el grabado de autopartes (cristales y carrocería) cuyo fin radicó en desmotivar el robo de automotores, fracasó en su función: el delito no ha menguado. Constituye actualmente otro costo que debe afrontar el consumidor.

Se observa que mediante la supresión de trámites meramente burocráticos y recaudacionistas, (que solamente desmotivan al consumidor atento el tiempo que le insume cumplirlos, como así también el costo que acarrean), se generaría una eficaz medida de incentivo económico que no requiere que el estado financie y/o subsidie la actividad. 

Todos los sectores se ven beneficiados: el privado atento incrementa las ventas y por ende las ganancias, y el público que encontraría suplida la merma de los costos arancelarios a percibir en la creciente cantidad de nuevos trámites.

Publicaciones