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Publicaciones injuriosas

Un hombre que demandó a su ex pareja por publicaciones injuriosas en Facebook deberá pagarle una indemnización y realizar un curso de violencia de género. La Justicia de La Rioja falló a favor de la mujer y rechazó la defensa de prescripción porque la víctima «atravesaba una situación de vulnerabilidad que hizo imposible que accionara».

La Justicia de La Rioja rechazó la  acción de daños y perjuicios promovida por un hombre contra una ex pareja por una publicación en redes sociales donde agregó su imagen y denunció hechos de violencia de género.

Los hechos se ventilaron en el expediente “R, Sa c/ An, Aa – Daños y Perjuicios”, donde la Jueza de Sala Unipersonal Nº 1 de La Rioja, Paola María Petrillo De Torcivía, rechazó las defensas planteadas por el actor, quien sostuvo que no estaba acreditada la violencia alegada, que la denuncia penal fue desestimada y que además el reclamo estaba prescripto, planteando esa excepción, a lo que la contraria respondió que se debía rechazar ya que el daño surgía de la acción judicial que la revictimizaba.

La magistrada dictó un fallo condenatorio estableciendo que el actor debía abonar $353.600 por daño moral, más intereses, y ordenando al mismo a asistir a programas educativos sobre temas de género y violencia. 

Para llegar a esa solución la magistrada realizó un largo desarrollo en una sentencia de 78 fs., donde expuso en primer lugar sobre la demanda, explicando que se debía analizar si se acreditó la autoría e integridad de la publicación y si la misma tenía contenido agraviante, y, en virtud de ello, si cabía responsabilidad a la demandada.

 Sobre esas premisas, el actor acompañó un acta de constatación notarial de la publicación en Facebook con doce capturas de pantalla donde desde un perfil con el nombre de la demandada se incluía su imagen y algunos comentarios. La Jueza precisó que, al ser la única prueba acompañada, no era suficiente para acreditar la autoridad e integridad, ya que la red social no cuenta con un mecanismo de validación de identidad. 

Sin embargo, la propia demandada reconoció la autoría de las publicaciones descartando el carácter agraviante de estas, quedando entonces acreditado su titularidad e integridad “en los términos que constan en el acta notarial ofrecida como prueba”.

Acreditada esa cuestión analizó si la misma era agraviante o no, y tras repasar varias consideraciones sobre los derechos personalísimos y la libertad de expresión, así como los límites de estos derechos, entendió que “al contestar la demanda, la accionada negó que el hecho fuera antijurídico y aludió a situaciones de violencia de las que habría sido víctima” por lo que habría que analizarlo con perspectiva de género.

En el expediente se acreditó que fueron pareja, que la relación de poder era dispar, y que el mismo ejerció violencia constantemente, lo que se corroboró con testimonios, la pericia psicológica y capturas de pantalla de emails y mensajes de Facebook con contenido vulgar, amenazas, estereotipos y descalificación, corroborados por pericia informática.

En este contexto, la magistrada entendió que el posteo revestía relevancia pública, por versar sobre hechos reales donde existió denuncia penal (aunque se archivara), siendo de interés público por la trascendencia que reviste esa materia donde el Estado asumió obligaciones específicas y de orden público.

“Más allá de los términos utilizados, es claro que la publicación procuró alertar a otras mujeres” y si bien “sin analizar el contexto referido, podrían considerarse descalificantes, se vincula con una cuestión de violencia de género, cuya falsedad no fue probada en estas actuaciones”, y por su interés público “no puede ser catalogada como un insulto, escrache, o un ejercicio abusivo de la libertad de expresión” Por esta razón entendió no existía responsabilidad civil (por no haber antijuricidad), y la demanda debía ser rechazada.

En cuanto a la reconvención y la excepción de prescripción opuesta, la Jueza entendió que, si bien el actor alegó que estaba prescripta porque lo hechos narrados se dieron entre 2011 y 2014, habiendo transcurrido tres años (plazo de prescripción) hasta interponer la acción, la mujer alegó que ello había tenido continuidad con la promoción de la demanda.

Finalmente sobre la admisión de la reconvención, el actor reclamó que no era viable por basarse en hechos ajenos a la demanda. Sin embargo, la jueza entendió que “como se trata de una cuestión que debe ser analizada con perspectiva de género, debo aplicar el principio pro homine y preferir la interpretación de la norma procesal más favorable a la vigencia de los derechos, de forma tal que permita el acceso a la justicia de la mujer víctima de violencia, la tutela judicial efectiva, y, por ende, la superación de los obstáculos formales que impiden el acceso a la jurisdicción”.

De esta forma, admitida la reconvención, consideró que se daban los presupuestos de la responsabilidad, por tratarse de hechos de violencia psicológica y simbólica, acreditado en el expediente mediante múltiples conversaciones que vulneraba los derechos de la señora.

El monto otorgado se calculó en base a dos sesiones semanales por un período de cuatro años de tratamiento psicoterapéutico, tomando de referencia el valor de cada sesión y multiplicándolo por la cantidad de sesiones totales.

Para cerrar consideró que debía adicionarse a la condena económica la obligación de capacitarse sobre la temática para evitar repetir las conductas, tomando en consideración la Ley Micaela, la Convención de Belem do Pará y otras leyes sobre la temática.

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17 noviembre 2022