Por Agustín Arechavala.

Las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S),  tipo societario destinado a los emprendedores, continuará funcionando por la pérdida del estado parlamentario del proyecto de ley que buscaba reformarlas y limitarlas.

Las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S) se oficializaron con la Ley de Emprendedores de 2017, y contaban con la unanimidad de todos los sectores políticos por adoptar un modelo exitoso en otros países y que contaba con notables diferencias con los otros tipos sociales por cuanto se simplificaban los trámites de constitución mediante un estatuto tipo, se otorgaba validez a la firma digital, se generaba un sistema registros en libros digitales, y se ponían al alcance de todos los emprendedores por la baja burocracia y la fijación de un capital mínimo de constitución en dos salarios mínimo vital y móvil.

Por todo ello, sus promotores y defensores las anunciaron como un logro del sector cuentapropista, pyme y emprendedor, al obtener un vehículo legal para los negocios en etapa inicial, reduciéndoles la carga burocrática y los costo de estructura mientras se obtendría el mismo beneficio de la limitación de la responsabilidad frente a terceros, como lo hacen las conocidas SA y SRL. 

Fueron sumamente populares en su lanzamiento y adoptadas rápidamente. Sin embargo, con los cambios políticos en el Gobierno Nacional, se presentó en 2020 un proyecto de ley para modificar el régimen de las Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), siguiendo los lineamientos del Inspector General de Justicia de la Capital Federal, titular del organismo que las regula en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto, que nunca se debatió en el Congreso Nacional, buscaba limitar la creación y el funcionamiento de estas Sociedades, generando en ese momento controversia y críticas desde los sectores pyme y emprendedores. En contraposición con los fundamentos de la ley que les dio nacimiento, la reforma propuesta eliminaba la facilidad de creación, y aumentaba la burocracia para estos entes. 

Por otro lado, se proponía la creación de un registro nacional de emprendedores, que sumaba inseguridad y discrecionalidad gubernamental, por cuánto sería responsable de registrar y decidir quién es emprendedor y quien no, vedando la posibilidad de acceder a la Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), para quienes no sean así considerados.

Con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el pasado 1 de marzo, el proyecto perdió estado parlamentario, siendo retirado del trámite legislativo y posibilitando que las SAS puedan continuar siendo la herramienta de apoyo para el sector pyme y emprendedor. 

De la ley de fomento, al amparo para sobrevivir.

Durante los meses de enero y mayo de 2020 la Inspección General de Justicia (IGJ) dictó siete Resoluciones Generales para impedir el uso de la SAS en la Ciudad de Buenos Aires y anular la posibilidad de tramitarlas de manera online.

Junto con ello, la nulidad de las SAS derivaría en la posterior obligación de adecuarse a los tipos sociales reconocidos, principalmente SA o SRL, retirándose de esta forma todo beneficio de simplicidad y economía otorgado al tipo social emprendedor.

De allí, que se dio una batalla judicial, donde diferentes asociaciones civiles y abogados de la Capital Federal presentaron un amparo judicial tendiente mantener con vida a las SAS, obteniendo un fallo favorable que determinó la suspensión precautoria de las RG N° 5/2020, 9/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020 y 23/2020 de la IGJ y de la RG N° 4/2020, y el restablecimiento del régimen reglamentario vigente previo al dictado de las mencionadas Resoluciones, es decir la Ley de Emprendedores,  todo ello hasta tanto se dictara sentencia definitiva sobre el fondo en la acción de amparo. 

Actualmente la causa se encuentra en estudio por parte del máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una ampliación del amparo, a fin de que se declare la nulidad por inconstitucionalidad las nuevas disposiciones de las Resolución Generales dictadas por la IGJ,  RG N°15/2021 y N°13/2022. 

El ecosistema emprendedor en números.

En últimos informes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), autores de la Ley de Emprendedores de 2017, destacan la creación de más de 30.000 SAS, generadoras de 48.000 mil puestos de trabajo.

Dentro de sus cifras, más que alentadoras, destaca el informe que existen más de 1200 inscriptos en el Fondo Semilla que otorgó 280 millones de pesos para emprendimientos, con un 37% de ellos destinados a las TICs, y un 30% con capacidad de exportar a futuro. 

Por otro lado, resumen que el Fondo FONDECE invirtió más de 3 millones de dólares en empresas SAS, siendo un 47% de los emprendimientos radicados fuera de la Ciudad de Buenos Aires y alcanzando un 24,5% la característica de ser fundados por mujeres.