Por Agustín Arechavala.
Recientemente el gobernador de Mendoza alertó sobre la complicada situación del sector vitivinícola, en el marco del Desayuno Anual de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) por la situación climática –granizo y heladas- que están afectando al sector.
Si bien la provincia de Mendoza ofrece beneficios para los productores en emergencia o desastre agropecuario, otro de los reclamos del sector se enmarca en los aumentos de la energía que llegan al 267% en la provincia productora de vino, motivando el pedido de una considerable reducción de los conceptos que corresponden al Gobierno nacional dentro del costo de la energía eléctrica.
La respuesta no tardó en llegar, desde el Ministerio de Economía de la Nación anunciaron que se pondría en marcha un mecanismo de competitividad cambiaria para favorecer las exportaciones del sector –“será el dólar vino”- que buscaría fortalecer la competitividad exportadora ganar mercados y consolidar el crecimiento y desarrollo productivo de quienes generan 330.000 puestos de trabajo.
Dentro de este contexto se adelantó que el Gobierno Nacional, ofrecería la línea crediticia por US$ 50 millones de dólares bajo el Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina (Proviar II).
Con todo esto, se espera mitigar los efectos de la emergencia y desastre agropecuario en la región, que contabiliza más de dos mil viñedos menos según estimaciones oficiales.
El vino, una experiencia del clima.
En la temática que nos convoca, se suele decir que el vino es una experiencia del clima.
Claramente, esta noción popular está en lo cierto, la producción de la vid y las demás actividades agroproductiva son una experiencia climática; hablamos de verdaderas empresas a cielo abierto que producen dependiendo de las bondades de los suelos, de las correctas prácticas productivas implementadas, y en total dependencia para con los hechos de la naturaleza y el clima.
Para el caso de la vitivinicultura es impostergable la implementación de una estrategia colectiva que permita identificar los efectos del cambio climático y a partir de ello alternar medidas de reparación y de adaptación.
Se trata de reparar para conservar el recurso natural y de adaptarse para sobrevivir.
¿Qué leyes regulan la vitivinicultura en Argentina, y cómo se regula la protección del ambiente?
La vitivinicultura, como actividad primaria enfocada en la producción del cultivo de la vid debe enfocarse en la conservación de los recursos naturales y protección del ambiente, mientras que la Vinicultura como proceso del vino avanza por la adecuación sus prácticas productivas en torno a alcanzar el estándar más alto de precaución sobre el impacto en el ambiente.
De ello, es que toman real relevancia las leyes que regulan la actividad, ya que estas pueden fomentar las transformaciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático, o bien ser reglas moderadoras de la conducta sociales/empresariales, como elemento disuasivo de conductas perjudiciales o generador de conciencia colectiva sobre la importancia de los recursos naturales y su respeto.
En cuanto al régimen legal del vino, nos encontramos con la Ley 18.905 del año 1970 que inauguro una política nacional vitivinícola, abocada a la integración vertical de las etapas del proceso económico, la estabilización ante fluctuaciones económicas, las adecuaciones tributarias y crediticias y la coordinación entre gobiernos y privados vinculados al quehacer vitivinícola.
Posteriormente, la Ley 14.788 llamada la ley general de vinos, pasó a regular directamente la faz productiva, la industria y el comercio vitivinícola en todo el territorio de la Nación y creo el Instituto Nacional de Vitivinicultura con facultades de contralor y fiscalización, con la finalidad de asegurar la producción y la calidad de los vinos.
Recién para el año 2013 se sanciona Ley 26.870 que declaró al vino argentino como bebida nacional en el marco del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 de desarrollo de las economías regionales y promoción de la producción, elaboración y consumo del vino argentino y sus tradiciones.
A pesar de la importancia de una política de protección del ambiente, ninguno de estos antecedentes normativos contempló la cuestión de los recursos naturales y su protección; y no fue hasta la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que se generará un andamiaje por medio del reconocimiento de convenciones internacionales que estableciera los principios de la defensa del ambiente.
A pesar de ello, la Provincia de Mendoza ha sido pionera adoptando una política de preservación del ambiente y del desarrollo sustentable mediante la Ley Provincial 5961, que inauguro los presupuestos mínimos de política ambiental, junto con la Ley Nacional 24.295 que aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Fue recién para el año 2020 que pudiéramos contar con Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global que cuenta con tres objetivos centrales de aplicación en todo el territorio nacional: a) Establecimiento de las estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas. b) Asistencia y promoción del desarrollo de estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país. c) Reducción de la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus efectos adversos y aprovechar sus beneficios.
Cambio climático y educación como principal herramienta.
Mucho se habla de la educación, pero si hay un ejemplo donde es la principal herramienta es en la política de protección ambiental, donde se ha demostrado que la educación ambiental es la acción más efectiva, ya impacta directamente en el plano de concientización y que promueve transformaciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático.
Cuando hablamos de los efectos del cambio climático, nos referimos directamente a una afectación directa a toda la comunidad, que produce alteraciones en las condiciones de vida, en las formas de producción, y que impacta directa y negativamente sobre aspectos sociales, políticos y económicos.
Por ello, y frente a los efectos de las acciones del hombre al medio, se requiere de un acción efectiva y concreta a través de una educación en materia medioambiental como principal herramienta para preparar a la sociedad y la empresas en una cultura de respeto y para la implementación de un principio de precaución sobre las acciones del hombre en la naturaleza.
Conclusiones desde la perspectiva del derecho alimentario.
Para el derecho en general, pero en particular su área de estudio dedicada a los procesos de producción de alimentos, la temática tiene una relevancia significativa; por su parte el régimen legal positivo, pero principalmente su interpretación y aplicación no deben solo quedar destinados a ordenar y organizar la producción, sino que también es necesario que sean generadores de una conciencia colectiva sobre la protección ambiental.
Si bien podemos encontrarnos ante un fenómeno complejo, dado que interrelaciona diferentes institutos de derecho basados en el recurso natural y en su aprovechamiento, es un esfuerzo que vale la pena dar, a fin de lograr la conservación y sustentabilidad interdisciplinaria e intersectorial en una primera etapa y pasar a una siguiente de producción responsable de alimentos seguros para el mundo.
Sin dudas, el sector vitivinícola es uno de los más conscientes de la problemática ambiental, y a partir de políticas concretas y la participación público privada es un ejemplo en la creación de herramientas tales como la huella hídrica, la trazabilidad en la cadena de actos que pueden afectar al ambiente, el combate responsable y no agresivo de las plagas; todos ejemplos de éxito donde se ha sumado el talento argentino a las oportunidades que nos da la tecnología actual.
Es una actividad que produce, exporta y goza de reconocimiento mundial, pero que también se encuentra a la vanguardia como actividad agropecuaria responsable, sustentable y sostenible que sigue muy de cerca la política de protección y cuidado ambiental de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los reglamentos del Mercosur y la Unión Europea.
En todos estos años, el sector ha sumado a todo ello una investigación especial, para adoptar las buenas prácticas productivas, mejorar y cuidar los cultivos mediante una agricultura de precisión y ha avanzado en la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.
