En un momento decisivo de su democracia, el país enfrenta retos económicos y sociales sin precedentes.
Jorge Grispo
En el contexto de múltiples adversidades que marcan una trayectoria preocupantemente decadente de un gobierno que no solo ha sido incapaz de resolver conflictos, sino que los ha agravado, nos enfrentamos a obstáculos que parecen insuperables. Ya lidiábamos con la rampante inflación, el acelerado aumento del dólar y la omnipresente sensación de inseguridad. Ahora, a estos retos, se añade uno que resulta tan temido como prevenible: los saqueos. Estos problemas, semejantes a un boomerang, vuelven del pasado con una fuerza renovada, golpeándonos con mayor intensidad.
Ante este panorama, nos hallamos próximos a una fecha crucial: el 22 de octubre. En ese día, con la solemnidad y la responsabilidad que caracterizan a la democracia, los argentinos deberemos decidir entre Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa. Estos tres aspirantes principales comparten un desafío: ¿Cómo llegar y persuadir al 31% de argentinos que optaron por no votar en las PASO? Ese voto podría ser decisivo, y aquel candidato que consiga resonar con su mensaje, se posicionará indudablemente como el próximo presidente de Argentina. Es una tarea desafiante, especialmente dada la desilusión y apatía que prevalecen en el electorado.
¿Cuál es la hoja de ruta que proponen los candidatos para revertir los efectos de más de dos décadas de políticas populistas? De Milei, sus planteamientos son claros y han sido el foco de la atención pública. De Bullrich, hemos captado pinceladas de su pensamiento y enfoque para el país. Sin embargo, en cuanto a Massa, el panorama se torna más nebuloso dada su doble condición de Ministro de Economía y candidato a presidente de un gobierno que ha fracasado.
En este contexto, la Ley 27.337, sobre el «Debate Presidencial Obligatorio», trasciende su carácter normativo para convertirse en un estandarte de la claridad democrática. Representa una oportunidad, con tintes de espectáculo, de ver y escrutar en vivo a aquellos que aspiran a liderar nuestro país. La responsabilidad recae sobre la Cámara Nacional Electoral para convocar a los cinco candidatos más votados en las primarias, garantizando así que la ciudadanía esté bien informada antes de tomar una decisión tan trascendental.
Ante el inminente proceso electoral, es imposible hacer caso omiso del contexto en el que se desarrolla. Nuestra nación navega en aguas de incertidumbre agudizada bajo la administración del presidente Alberto Fernández, cuyas acciones y apariciones se han tornado ambiguas y crípticas. Para sorpresa de muchos, Fernández “actuó” recientemente en una cadena nacional que, en lugar de claridad, parecía evocar el humor gestual de Benny Hill, el célebre comediante británico.
A esta situación se suma el estratégico alejamiento de su vicepresidenta del escenario electoral, quien, en una suerte de reclusión autoinfligida, parece intentar resguardar lo que resta de su núcleo duro de seguidores. Esta situación, de dimensiones y gravedad sin precedentes en tiempos recientes, nos obliga a mirarnos como sociedad, a analizar no solo nuestro presente sino también a decidir el camino que queremos seguir.
La ola de saqueos que irrumpió en la escena pública esta semana “no” tomó por sorpresa a muchos. Comenzando en tres provincias dirigidas por la oposición y luego extendiéndose a la Provincia de Buenos Aires, el panorama suscita inquietud. Es imposible olvidar que, previo a las PASO, varias figuras del oficialismo habían advertido que un desfavorable desenlace electoral podría desencadenar disturbios en las calles. Algunos llegaron a insinuar escenarios de violencia extrema.
Las recientes declaraciones de la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, en las que responsabiliza al candidato libertario de estos desmanes, se alinean con una corriente de voces oficialistas que, ya sea por temor, desconcierto o simple desinformación, apuntan dedos acusadores en todas direcciones, excepto donde deberían. El matiz político detrás de estos acontecimientos parece evidente. De confirmarse las sospechas, es imperativo que los argentinos comprendamos los verdaderos impulsos detrás de tales maniobras, diseñadas para sumir al país en el caos.
La maraña política detrás de estos episodios se desvela con una precisión casi escrutadora. De confirmarse tales conjeturas, estaríamos ante un escenario que trasciende el simple juego político para erigirse en un toque de alerta a la sensatez nacional. Es imperativo para todos los argentinos discernir y entender las verdaderas fuerzas motrices detrás de esta maquinaria obscura, urdida para infundir descontrol y tumulto social. En momentos de crisis y malestar, no es raro que surjan teorías conspirativas que buscan explicar y, a menudo, desviar la atención de las verdaderas causas de los problemas. Estas tácticas distractivas, que avivan las tensiones, señalan de manera vehemente a lo que llaman «la derecha intransigente», procurando presentar a esta vertiente ideológica como el principal culpable de los desafíos que enfrentamos.
Sin embargo, es crucial analizar los recientes sucesos bajo el prisma adecuado: la reciente debacle en las urnas y una administración que ha dejado más interrogantes que respuestas. El peso de la realidad diaria suena como un inconfundible gong en el panorama político, recordando de forma constante al oficialismo la distancia entre lo prometido y lo concretado. Esta innegable situación resalta los retos que enfrenta el candidato de la coalición gobernante, cuya estabilidad se tambalea con la cercanía del 22 de octubre. La economía, en lugar de mostrar indicios de una recuperación, parece enfrascada en un espiral descendente persistente.
Más preocupante aún es el evidente declive en la calidad de vida de la ciudadanía. No estamos hablando de simples cifras o gráficos; es la cotidianidad que se experimenta en las plazas, las casas y en la mirada de los argentinos. Urge reconocer la gravedad de esta coyuntura y abordarla con el compromiso y rigor que la sociedad argentina reclama y merece. Argentina se encuentra en una coyuntura crítica y sin parangón en su historia democrática.
En lugar de aportar claridad y dirección, las teorías conspirativas y el eterno juego de culpar al otro sólo han alimentado un clima ya saturado de polarización y amargura. Más allá del reto que enfrentan los candidatos para movilizar a esos millones de argentinos que decidieron abstenerse en las PASO del 13 de agosto, existe una imperiosa necesidad de catalizar un debate genuino sobre visiones y proyectos de nación. Un debate que aspire a conducirnos por la senda democrática, alejándonos de ese tortuoso camino de divisiones que representa la profunda grieta en nuestra sociedad. ¿Acaso es demasiado pedir que se debatan propuestas de país con visión clara y acciones definidas?
El gobierno vigente, acosado por una situación económica y social que resulta innegable, enfrenta una tarea hercúlea: concluir su gestión en armonía y ceder el poder al sucesor democráticamente electo, en medio de un público crecientemente descontento. En esta atmósfera convulsa, es esencial que prevalezca el juicio sereno y el diálogo fructífero sobre los enfrentamientos estériles. La revitalización que Argentina anhela no solo atañe a cuestiones económicas; engloba también la estructura social y el espíritu de la nación. Necesitamos un liderazgo con visión de futuro, que supere metas electorales circunstanciales y persiga con sinceridad la unidad y el avance de cada rincón de nuestro país.
